Reforma del sistema
Formación
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
resulta inaplazable en el contexto económico y laboral en el que nos encontramos, con el
fin de acelerar los efectos potencialmente beneficiosos que podrá tener esta reforma, en
términos de creación de empleo, en el momento actual de recuperación de la economía
española.
La formación tiene una incidencia determinante sobre el empleo. De hecho, el empleo
perdido durante la reciente recesión económica lo ha sido mayoritariamente en
ocupaciones de bajo nivel de capacitación. Entre 2007 y 2013 más de la mitad de los
trabajadores que no habían superado la educación primaria perdieron su empleo. En
cambio, el número de ocupados con estudios superiores se incrementó en un 2 por ciento.
Las carencias formativas tienen un impacto negativo cuantificable sobre las
oportunidades de empleo de los trabajadores: las personas con menor nivel de
competencias básicas están expuestas a casi el doble de probabilidades de quedar
desempleadas con la pérdida económica y social que implica (Informe PIAAC, 2010).
A pesar del crecimiento del PIB durante los últimos seis trimestres y la recuperación
del empleo observada, permanecen importantes diferencias formativas entre los
desempleados que requieren de una respuesta específica y contundente. Según los
últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al cuarto trimestre
de 2014, la tasa de paro de quienes sólo tienen estudios primarios (38,07 por ciento)
es 2,7 veces superior a aquella de quienes tienen estudios superiores (14,29 por ciento).
El 54 por ciento de los desempleados no ha superado la educación secundaria.
Asimismo, se observa una incidencia diferencial del nivel formativo en el tiempo de
permanencia en desempleo: del total de trabajadores desempleados que buscan un
puesto de trabajo desde hace, al menos, dos años, el 60 por ciento no han completado
la educación secundaria. Casi el 70 por ciento de los trabajadores desempleados que
sólo cuentan con educación primaria han permanecido en esta situación durante más
de un año, 15 puntos por encima de lo que se observa entre los trabajadores con
educación superior.
Así, resulta esencial acometer la reforma de la formación profesional para el empleo
para evitar que una parte importante de nuestra población activa se perpetúe en situación
de desempleo (14,6 por ciento de desempleo de larga duración en el cuarto trimestre
de 2014, más del doble de la media de la UE), con las graves consecuencias tanto
económicas como sociales que ello supone en el largo plazo. Se trata de acelerar su
proceso de retorno al empleo con las mejores garantías y amplificar, con ello, el impacto
de la recuperación económica prevista (2 por ciento de crecimiento del PIB previsto
para 2015) sobre el mercado de trabajo.
De otra parte, también la calidad de la formación que reciben los trabajadores
ocupados resulta determinante para la recuperación económica y del empleo: la formación
contribuye a aumentar la productividad de los trabajadores, a su capacidad de innovar y
acomodar los cambios tecnológicos. Ello redunda en la mayor competitividad de las
empresas y de la economía española. Además, favorece la menor rotación de los
trabajadores y la mayor estabilidad en el empleo.
Por todo ello, la inmediata puesta en marcha del nuevo sistema de formación
profesional para el empleo contribuirá, a corto plazo, a multiplicar los positivos efectos de
la coyuntura económica y del empleo esperable en 2015 y 2016.
Finalmente, la regulación del nuevo modelo de formación profesional para el empleo
se acompaña de un novedoso régimen de infracciones y sanciones.
La necesidad de la reforma se puso de manifiesto también en el Acuerdo de propuestas
para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, del
pasado 29 de julio ya mencionado. El Gobierno y los interlocutores sociales en dicho
Acuerdo manifiestan que la recuperación económica exige la transformación del modelo
para mejorar la capacitación de los trabajadores y contribuir a la competitividad de las
empresas españolas, al tiempo que se debe superar la actual situación de desajuste de
cualificaciones en España para no perder las oportunidades de empleo que surgirán en
Europa en los próximos años.
Por ello, todas las partes se comprometieron a que el nuevo modelo estuviera operativo
y resultara de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el
ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015.
Esta norma ha tenido en cuenta, además, dos hechos muy recientes que profundizan
en la necesidad de la reforma definitiva del sistema. Por un lado, se impone resolver las
ineficiencias del actual modelo de formación profesional para el empleo que se han puesto
de manifiesto en los últimos informes de fiscalización de la gestión elaborados por el
Tribunal de Cuentas. Por otro, la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en sus
últimas sentencias sobre la normativa vigente en esta materia, la más reciente de 15 de
diciembre de 2014, permite al Gobierno acometer ahora una reforma integral del sistema
de formación profesional para el empleo que resulte conforme al marco constitucional de
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas,
garantizándose así la necesaria estabilidad y coherencia que el sistema precisa.
La necesidad de que las administraciones públicas competentes puedan aplicar ya en
el ejercicio 2015 las disposiciones y medidas que introduce esta norma para corregir las
graves ineficiencias y debilidades detectadas, sin que ello ponga en riesgo la continuidad
en la prestación de los servicios formativos que requieren trabajadores y empresas,
máxime en una coyuntura como la descrita, exige celeridad.
La «reforma del sistema» puede aplicarse a una amplia gama de áreas, desde reformas políticas hasta reformas educativas, de salud, económicas o legales:
Enfoques comunes en las reformas del sistema:
- Políticas y Gobernanza:
- Transparencia y Responsabilidad: Mejora en la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones gubernamentales.
- Reformas Electorales: Cambios en los sistemas electorales para mejorar la representación y la participación ciudadana.
- Educación:
- Actualización Curricular: Reformulación de programas educativos para adaptarlos a las necesidades contemporáneas.
- Inversión en Infraestructura Educativa: Mejora de instalaciones, recursos y acceso a la educación.
- Salud:
- Acceso a la Atención Médica: Ampliación del acceso a la atención médica y mejora de la calidad de los servicios de salud.
- Reformas en el Seguro Médico: Cambios en los sistemas de seguro médico para hacerlos más accesibles y equitativos.
- Economía:
- Reformas Fiscales: Cambios en políticas fiscales para promover el crecimiento económico y la equidad.
- Regulación Financiera: Mejora de las regulaciones para prevenir crisis financieras y promover la estabilidad.
- Legal y Judicial:
- Reformas Legales: Cambios en el marco legal para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos.
- Sistema Judicial: Mejora en la eficiencia y la equidad del sistema judicial.
Pasos comunes en una reforma del sistema:
- Análisis y Evaluación: Identificación de áreas que necesitan cambios y evaluación de los problemas existentes.
- Desarrollo de Propuestas: Creación de propuestas concretas para abordar las deficiencias identificadas.
- Implementación: Ejecución de las reformas propuestas.
- Seguimiento y Evaluación: Monitoreo de los resultados y ajustes según sea necesario.
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