2019 seguimiento y control de acciones de formación parte 2

TERCERA. CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS

En la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, no será obligatorio que las acciones formativas estén referenciadas al Catálogo de Especialidades Formativas, tal como establecen el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y el artículo 1 de la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo. En este caso, la duración, contenidos y requisitos de impartición de las acciones formativas serán los que determinen las propias empresas. No obstante, no tendrán la consideración de acciones formativas las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación, y, en todo caso, las que tengan una duración inferior a dos horas.

La formación programada por las empresas deberá guardar relación con la actividad empresarial y adecuarse a las necesidades formativas de aquellas y de sus trabajadores. En este sentido, se admiten como bonificables las acciones formativas dirigidas a dar formación obligatoria a los trabajadores.

La programación y gestión de estas acciones formativas podrá realizarse por las empresas con flexibilidad en sus contenidos y en el momento de su impartición, siempre que se respete el derecho de información y consulta de la representación legal de los trabajadores.

Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así como impartir la formación empleando para ello medios propios y/o bien recurriendo a su contratación.

Cuando se trate de un grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma independiente por cada una o agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de grupo de empresas o red empresarial, podrán desarrollar acciones formativas utilizando para su impartición medios propios o bien recurriendo a su contratación. A los efectos del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se considera red empresarial al conjunto de empresas relacionadas por vínculos contractuales de concesión, franquicia o distribución, en este último caso exclusiva o selectiva.

Las empresas podrán agruparse por razones de eficacia empresarial con el fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación. Asimismo, cuando se trate de empresas de menos de 100 trabajadores estas, además, podrán agruparse con criterios territoriales o sectoriales. En estos supuestos una de ellas podrá actuar como entidad organizadora.

Las empresas también podrán optar por encomendar la organización de toda o parte de su formación programada a una o alguna de las siguientes organizaciones y entidades externas:

a) Organizaciones empresariales o sindicales.
b) Estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia.

c) Asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social.

d) Otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro habilitado por la Administración Pública competente.

Asimismo, las citadas organizaciones y entidades externas actuarán como entidades organizadoras cuando las empresas de menos de 100 trabajadores decidan agruparse con criterios territoriales o sectoriales con el fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación, teniendo en cuenta que cada empresa de la agrupación solo podrá disponer de su propio crédito de formación.

Respecto de la impartición de la formación, en este supuesto, podrá realizarse por la propia entidad organizadora u otra entidad distinta, siempre que en ambos supuestos sean entidades formativas acreditadas y/o inscritas en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración Pública competente.

La entidad organizadora está obligada a contratar a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad.

Acreditación

La acreditación es exigible para las entidades de formación que impartan certificados de profesionalidad y la inscripción para aquellas que impartan especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas o que impartan formación distinta de las especialidades previstas en ese Catálogo.

En este último supuesto, las entidades de formación que impartan formación distinta de las especialidades previstas en el Catálogo de Especialidades Formativas, dentro de la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, y sean contratadas por una entidad externa a la que la empresa haya encomendado la organización de la formación, deben estar inscritas en el correspondiente registro. Para ello, deben presentar ante la Administración pública competente, una declaración responsable con arreglo al modelo específico desarrollado en la Orden ESS/723/2016, de 9 de mayo.

La declaración responsable se efectuará exclusivamente por medios telemáticos a través de la aplicación habilitada para ello y que está disponible en la web de FUNDAE y en la sede electrónica del SEPE.

A fin de verificar que se cumple el requisito de las entidades formativas de estar acreditadas y/o inscritas, en la comunicación de inicio de los grupos formativos el sistema electrónico implantado por el SEPE, con el apoyo técnico de la FUNDAE, realiza una validación del NIF de la entidad de formación, y en el caso de no estar acreditada y/o inscrita en el Registro de centros y entidades no se permite la comunicación del grupo.

Tanto las entidades de formación, como las empresas y las entidades organizadoras, están sujetas a las obligaciones previstas respectivamente en el artículo 16 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y en los artículos 12 y 14.4 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

En particular, las entidades organizadoras están obligadas a facilitar a las empresas para las que organicen la formación de sus trabajadores la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de aquellas.

Asimismo, debe someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones y mantener a disposición de los órganos de control competentes, la documentación justificativa de la organización de la formación encomendada por las empresas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, no se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa, cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativas necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones. En este caso, la empresa podrá imputar el gasto derivado de dicha gestión administrativa dentro de los costes indirectos señalados en el artículo 16.3.a) del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

CUARTA. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO

Según lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, las actuaciones de seguimiento y control que se realicen podrán efectuarse mediante visitas en tiempo real y de forma ex post, debiendo representar, en su conjunto al menos, el diez por ciento de los recursos públicos destinados a las acciones formativas de las empresas, sin perjuicio de las que puedan desarrollar los órganos de fiscalización y control.

Las actuaciones en tiempo real comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar de su impartición y durante la realización de la misma, a través de evidencias físicas y testimonios recabados mediante entrevistas y cuestionarios a los responsables de la formación, alumnos y formadores, con el fin de realizar una comprobación sobre la ejecución de la actividad formativa, contenidos de la misma, número real de participantes, instalaciones y medios pedagógicos.

En el caso de la formación cuyo proceso de aprendizaje se desarrolle mediante teleformación, las entidades con las que se concierte la impartición de la formación deberán facilitar, a petición de los órganos de control, la información y los instrumentos técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, incluyendo el acceso telemático a las herramientas utilizadas en la ejecución de las acciones formativas.

Las actuaciones ex post se realizarán una vez finalizadas las acciones formativas, a través de evidencias físicas, con el fin de comprobar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones exigidas por su normativa reguladora.

En el caso de acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, deberán estar previamente autorizadas por la administración competente. Se entenderá por administración competente, a la que corresponderá la autorización, evaluación, seguimiento y control, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el centro de formación y se vaya a desarrollar la acción formativa. Por tanto, el seguimiento a realizar a estas acciones vinculadas a certificados de profesionalidad se limitará a la comprobación de la ejecución de la formación y a la correcta aplicación de la bonificación.